El decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria anunciado por el Gobierno regional para intentar reducir la listas de espera ha dejado en el aire el pacto de investidura suscrito a comienzo de legislatura por IU con el PSOE. Durante el debate de una iniciativa del PP para regular los tiempos máximos de espera en la sanidad pública, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha advertido de que el decreto, que el Ejecutivo socialista viene anunciando desde 2013, «rompe la buena relación» con su grupo «y quiebra la confianza del pacto de investidura». Llamazares se ha pronunciado así en su intervención en el pleno de la Junta General del Principado durante el debate de la proposición de ley presentada por el PP para regular los tiempos máximos de espera en la sanidad pública asturiana y fijar la derivación de pacientes hacia los centros privados.

IU y el PSOE suscribieron al comienzo de la actual legislatura un pacto que llevó a los cinco diputados de la coalición a votar la investidura del presidente del Principado, Javier Fernández, y son desde entonces el único respaldo parlamentario con que cuenta el Gobierno al margen de los catorce escaños socialistas.

El debate político

Para Llamazares, de mantener el Gobierno su intención de aprobar el decreto en los términos en que lo anunció la Consejería de Sanidad, el pacto de investidura quedaría roto dado que su aplicación conllevaría introducir la sanidad asturiana en la senda de la privatización ya iniciada en otras comunidades. En las autonomías que han aprobado decretos similares, ha apuntado, las listas de espera también se han «desbocado» y no son mejores que las de Asturias y ha añadido que, tanto la iniciativa del PP como la del Gobierno, suponen «abrir en canal» el sistema sanitario público aplicándole «un bálsamo de Fierabrás, que sólo curaba a los caballeros y provocaba efectos laxantes al vulgo».

Por su parte, la diputada socialista Carmen Eva Pérez ha advertido a Llamazares de que sabe «sobradamente» que el modelo sanitario del PSOE no es el mismo que el del PP, pero que el sistema público debe tener «mecanismos de corrección» que el Gobierno prevé introducir la aprobación del decreto. «A un paciente que no obtiene las prestaciones sanitarias por un error del sistema le tenemos que solucionar el problema», ha subrayado tras recordar que el Gobierno ya anunció a comienzos de legislatura que aprobaría dicho decreto y que no va, por lo tanto, «a remolque» de la iniciativa tramitada por el PP. Pérez ha incidido además en que, de aplicarse la proposición de ley de los populares, rechazada con el voto en contra del PSOE, Podemos e IU, se «drenarían» decenas de millones de euros de la sanidad pública a la privada con la derivación de pacientes lo que afectaría a la propia sostenibilidad del sistema.

Por el contrario, para la portavoz del PP, Mercedes Fernández, su propuesta -que fijaba en 120 días el límite de espera para que un usuario sea sometido a una operación programada y que, en caso de que se supere, puedan decidir si continuar en la lista de espera o acudir a un centro concertado-, fomenta la igualdad entre los usuarios que propugna la ley general de Sanidad de 1986. Para Fernández, que ha rechazado afrontar desde la hipocresía el debate sobre la derivación de pacientes a la sanidad privada, la propuesta del PP permitiría «fortalecer derechos y evitar arbitrariedades» en los casos en que un usuario se ve «sumido en la zozobra porque la sanidad tarda mucho en dar respuesta a su dolencia».

También en contra de la iniciativa del PP y del decreto que anuncia el Gobierno se ha pronunciado el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, que ha acudido al atril acompañado de dos peluches a los que ha bautizado como «Corto» y «Circuito» para compararlos con las políticas que promueven socialistas y populares. «El Gobierno asturiano opta exactamente por el mismo modelo de fechas topes y cortocircuitos de derivación que el PP, que lo tiene muy claro, y que, ante cualquier problemática, plantea su solución universal: la privatización», ha subrayado el diputado morado.

La iniciativa del PP ha contado además con el respaldo de Foro, que ha recordado que Asturias es la única comunidad junto a Ceuta y Melilla sin decreto de tiempos máximos de espera mientras que Ciudadanos, que ha optado por la abstención, ha incidido en que las demoras en la sanidad generan «inequidad» entre los usuarios y «expulsan» a las clases medias del sistema público.

El decreto de la polémica

En concreto, el decreto, cuyo contenido ha sido adelantado por la Consejería de Sanidad, establece esperas máximas en pruebas diagnósticas, intervenciones y consultas y si no se cumple, en el caso de las dos primeras, pagará a los pacientes su paso a la privada. El documento comenzará a tramitarse en este mes de junio, con el objetivo de que entre en vigor antes de que concluya el año. La Administración cree que tiene músculo suficiente para reducir las esperas y cumplir los plazos, tras la modernización de sus instalaciones hospitalarias, por lo que no prevé una fuga de pacientes ni un incremento del gasto. «No se producirá un trasvase directo de recursos a la sanidad privada», insiste. Está convencida de que podrá cumplir. En concreto, el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria fija dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis meses para varias intervenciones quirúrgicas. Todas estas premisas no parecen haber convencido a Llamazares y tampoco a los diputados de Podemos.

El borrador entra en detalles. Las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías axiales computarizadas (tacs) y las resonancias magnéticas deberán hacerse en un plazo tope de dos meses. Las intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), las operaciones de cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo, como mucho, en 180 días. Transcurrido ese periodo, el paciente que todavía no haya sido atendido, previa autorización del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), podrá acudir a cualquier otro centro sanitario (público o privado) y la sanidad pública tendrá que asumir los gastos, en las condiciones que se determinen. Se establece solo una salvedad, que la asistencia fuera del servicio público de salud no podrá ser prestada por profesionales que también estén en el Sespa. Esta medida pretende evitar suspicacias y también la picaresca.

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