El Gobierno de coalición vetó ayer las enmiendas que el PP, Vox y Junts aprobaron la semana pasada en el Senado para endurecer los requisitos que deberán cumplir los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España para poder acogerse al proceso de regularización que pondrá en marcha el Gobierno en las próximas semanas. La modificación legislativa, a través de la ley de multirreincidencia, introducía una pequeña reforma en la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de un procedimiento de regularización extraordinaria probaran su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable.

El Ejecutivo trasladó este martes su decisión de hacer uso de esta prerrogativa a la Mesa de la Cámara Baja, controlada por PSOE y Sumar, dos días antes de que el Congreso apruebe definitivamente la ley con la que se castigará con mayor dureza a aquellas personas que reincidan en cometer hurtos. La decisión de los socialistas y de la formación magenta llega en plena negociación de los dos reales decretos ley anticrisis, derivados de la guerra en Irán.

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María Salgado

El apoyo de Junts, que sumado al de PP y Vox, hubiera sido suficiente para incluir las enmiendas propuestas por los de Feijoo de la ley de multirreincidencia, con lo que esa norma —que saldrá adelante el jueves con apoyo del PSOE— habría entorpecido la regularización de inmigrantes que se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Junts critica el «efecto llamada»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, criticó el proceso que comenzará próximamente por, según declaró, «ir en contra de lo que está haciendo Europa» y crear el conocido como «efecto llamada». Preguntada por el veto del Gobierno, que el Ejecutivo justificó en que implicaría un sobrecoste de 16,8 millones de euros, Nogueras lo lamentó: «De todo, menos democrático». La posconvergente expresó que España es el único país de la Unión Europea que está realizando regularizaciones masivas, por lo que considera que va a contracorriente de sus socios europeos, y criticó que Cataluña esté absolutamente tensionada y que tenga que «comerse el marrón» de la regularización.

El cambio legal introducido por el PP, muy criticado por Podemos, que tachó a los de Junts de estar en una competición con Aliança Catalana por ver «quién es más racista», establece la exigencia de un informe policial completo de antecedentes para tramitar la estancia y la residencia, sin ser válida una simple declaración jurada, tal y como preveía el Ejecutivo.

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