El partido de Carles Puigdemont abandonará momentáneamente su labor de boicot y oposición al Gobierno de coalición para participar en un «cambio de cromos», usando las palabras del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Junts confirmó que votará a favor de convalidar el real decreto ley que recoge 80 medidas anticrisis para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, que fue aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado viernes, entró en vigor el domingo tras ser publicado en el BOE y será sometido a votación en el pleno de la Cámara Baja este jueves.

La cesión de los independentistas conservadores no es gratuita. Su portavoz, Míriam Nogueras, reconoció que su apoyo está condicionado a la trasposición de la directiva europea 2020/285, que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. «España es el único país de la UE que no está aplicando esta ley europea y por eso se les ha llevado a los juzgados», defendió la catalana en declaraciones a TV3.

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Pablo Medina

Minutos después de que Nogueras anunciase el voto afirmativo de sus siete diputados a este real decreto ley de políticas económicas, y descartase, en cambio, avalar el de vivienda, que prorroga dos años los contratos de alquiler, López lamentó que «no puede ser permanentemente todo un cambio de cromos». El socialista admitió que estaban «valorando y hablando» sobre la posibilidad de apoyar la proposición no de ley de Junts que se votará también el jueves. «Son 24 puntos y en algunos coincidimos, así que es posible que haya unos cuantos que se puedan aprobar», dijo en rueda de prensa, tras coincidir en que esta directiva europea se tiene que trasponer al ordenamiento jurídico español.

Con el sí de los posconvergentes, del PNV —que también confirmó este martes su respaldo— y del resto de socios del Ejecutivo (salvo Podemos, que ya había comunicado su abstención), se prevé que este paquete de medidas urgentes logre la convalidación parlamentaria, independientemente de la postura que adopte el PP, que no pretende desvelarla hasta mañana, pese a que a estas alturas ya se torna irrelevante.

También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confió en lograr «la mayor unanimidad posible o el mayor acuerdo posible» sobre esta normativa, que incluye la bajada del IVA a la electricidad, el gas y los carburantes, con precios al alza como consecuencia del conflicto bélico iniciado por EE.UU. e Israel. «Los ciudadanos no entenderían que no se convalidara», apuntó.

Con el paquete anticrisis prácticamente a salvo, el PP reclamó al Gobierno que posponga la votación de este jueves en el Congreso y que negocie durante un mes otro nuevo, que incluya las medidas propuestas por Génova, como la deflactación del IRPF y la exclusión del cierre de las centrales nucleares. «El decreto es claramente insuficiente y tiene un mes para ser votado. Tú puedes mantener ese decreto sin traerlo a este pleno y, mientras tanto, ir negociando [otro] con los grupos», sostuvo la portavoz popular en el Cámara Baja, Ester Muñoz. Además, explicó que todavía no ha recibido respuesta a la carta que le enviaron el pasado lunes al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, solicitando varios cambios en la nueva norma.

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La Voz

El real decreto ley sobre vivienda —que debe ser convalidado antes del próximo 29 de abril, según fuentes parlamentarias— no parece compartir la misma suerte. De hecho, el portavoz adjunto de Sumar Alberto Ibáñez reprochó al PSOE que se ponga «de perfil» y de por perdida esta iniciativa que prorroga los contratos de arrendamiento. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, llamó a «presionar por tierra, mar y aire» a las fuerzas de derechas que «piensan que esta problemática no afecta a sus votantes». La también magenta Aina Vidal tachó a Junts de «mamporreros de la patronal», mientras Verónica M. Barbero les preguntó a quién defienden: «¿A CaixaBank? ¿A Blackstone?».

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