Una de las afectadas por esta decisión es Carmen Omaña, de 48 años, que estaba en huelga de hambre desde hace varios días ante una de las oficinas de la entidad bancaria
Cospedal asegura que «hay que diferenciar» entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público