La mujer, de nacionalidad rumana y a la que habían retenido su documentación, era obligada a prostituirse en clubes de alterne e incluso en la calle de ambas ciudades
Greenpeace reclama al Ministerio de Transportes un «marco jurídico claro y contundente» para respaldar la movilidad sostenible ante la supremacía del coche en las ciudades como pide la UE