El tribunal considera probado, al igual que lo hizo la Audiencia de Lugo, que entre el 2012 y el 2015 cometió un delito de por un delito de prevaricación, al haber contratado irregularmente a empleados municipales
La firma promotora debía 330.000 euros a la universidad, aunque se llegó a un pacto para que pagase solo 30.000 por gastos de conservación y mantenimiento