El nuevo teléfono inteligente de Apple, a la venta en España a partir del 30 de julio, llega precedido de las críticas por los problemas de recepción de la señal.
Los afectados han solicitado la anulación de dicha disposición por afectar al derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 41 de la Constitución Española.
La compañía española acusa a PT de incumplimiento de obligaciones por haberle ocultado que el Gobierno portugués iba a utilizar la acción de oro para paralizar la venta del 30% de Vivo a pesar del apoyo mayoritario de la junta de accionistas de la empresa lusa.