En un comunicado la entidad ha querido reiterar que desde el primer momento «ha puesto todo su empeño en colaborar activamente con la Justicia para el rápido esclarecimiento de los hechos».
Según consta en el auto dictado por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, los tres están imputados de «un delito de apropiación indebida de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación», que puede ser penado con hasta seis años de prisión.