La ley obliga a los operadores privados a invertir el 5% de sus ingresos en cine europeo, así como series para televisión, mientras que para los públicos esta obligación es del 6%.
Con un presupuesto global de 7,43 millones de euros, 1,13 millones menos que lo invertido por las comisiones el año pasado, las fallas han sufrido los efectos de la crisis.