La zona roza los 25.000 vecinos con derecho al cobro de una prestación contributiva, con diferencias de hasta el 28 por ciento entre lo que perciben las ciudadanas y los ciudadanos en algún municipio
Facenda realizará un análisis patrimonial y trasladará la propuesta al Consello de Xunta, que remitirá el expediente al Estado, que debe dar su aprobación final