Los procesados, de entre 79 y 85 años de edad, están imputados por genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, asesinato, tortura y persecución por razones religiosas y de raza.
Isabel López confirmó que ha recibido «una comunicación» por parte de la Subdelegación del Gobierno en la que se le explica que las Fuerzas de Seguridad del Estado «están trabajando» para resolver el doble crimen.