El Ministerio de Justicia luso inicia un proyecto de ley para ilegalizar planeadoras igual que España; la Policía Judiciária sitúa a gallegos trabajando en la mitad de operaciones con alijos incautados cada año en Portugal
El gerente de la empresa que hizo la contratación fraudulenta pide que se suspenda su pena de cárcel al devolver la mitad de lo cobrado por la enchufada
Su abogado pide al Gobierno el indulto advirtiendo que ya pagó 54.000 euros al Concello, que se arrepiente de su delito, que se ha jubilado y que por tanto no hay peligro de reincidencia
Afrontan tres años y medio cada una por gestionar el negocio, valorado en unos diez millones de euros; la Audiencia de Pontevedra otorga un año para resolver la gracia antes de ejecutar la condena