Imputa al exconsejero andaluz por haber «conocido y autorizado» las sobrecomisiones que cobraban los mediadores en los ERE, que superaron los 66 millones de euros entre el 2000 y el 2011
Explica que sería más cómodo crear una pieza para cada ayuda, pero añade que «esta fórmula, lejos de agilizar, elevará exponencialmente las dificultades»
Ha lamentado las «interferencias políticas» del caso, con el que se ha intentado «ensuciar la imagen» del PSOE-A por «ser el partido que levantó Andalucía»
La Audiencia Provincial de Sevilla rechazó la petición de Anticorrupción para que el caso se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo