En un duro discurso, el presidente de la Xunta asegura que «el Gobierno español es insolvente, no tiene crédito y está hundiendo a las cajas de ahorros».
El Tribunal Superior de Cantabria considera que la Administración regional superó los plazos que fija la ley para dar una respuesta a la solicitud, por lo que ese derecho quedó consolidado por silencio administrativo.