La Xunta lamenta que «las objeciones del Gobierno central a una inversión tan importante estén provocando el deterioro de un monumento protegido desde 1945».
Agustín Hernández explicó hoy que se seguirán tramitando expedientes y habrá que solicitar informe a la Dirección General de Costas, por lo que se trata de un acuerdo sobre la interpretación de la ley.