El conflicto procede de la última ley de acompañamiento de presupuestos, que limita a 15 años el plazo para actuar contra obras ilegales en zonas de protección del litoral
A punto de jubilarse, echa en falta la explicación por escrito del papel que tuvieron las Administraciones para subsanar los daños del petrolero Prestige
Ángeles Vázquez sostiene que la ley autonómica tiene como finalidad «clarificar» la legislación a aplicar en la costa para evitar «inseguridade xurídica»
Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra plantea la cuestión máximo tribunal español a raíz de un pleito sobre una edificación en A Illa que puede afectar a más construcciones. La Xunta, que modificó la norma, alega que lo hizo para garantizar la seguridad jurídica