Desde la Secretaría Xeral de Emigración explican que el debate sobre el actual concepto de galleguidad nace de la intención «de promover un nuevo texto legislativo que sustituya a la Lei de Galeguidade, de 1983»
Borja Prado considera que esa exigencia excesiva puede afectar negativamente a la capacidad de inversión, al crecimiento y a la generación de empleo por parte de la compañía que preside