La medida permitiría recaudar unos 4.500 millones adicionales al año para mejorar la financiación del sistema de pensiones; la carga se repartiría entre los trabajadores con sueldos superiores a 3.800 euros brutos y sus empleadores, que verían disparado el coste laboral
Los pensionistas mantendrán sus protestas mientras los Presupuestos del Estado no garanticen sus subsidios y contemple su actualización en función del IPC