El gerente de obras, Jordi Vergé, y el empresario Juan Mozo Llambia han sido imputados por los delitos de soborno y alteración de concursos y subastas públicas.
El ministerio público imputa a los controladores del Centro de Control Aéreo de Gavà, del que depende el tráfico del corredor mediterráneo, un delito contra la navegación aérea.