El gobierno británico asume la planta, de propiedad china, para no perder la capacidad de produccción mientras en Asturias se prolonga el debate sobre la planta de DRI de ArcelorMittal
Chile apunta un veto de quince años y la propia Comisión Europea se mostró contraria a abrir el fondo del mar a la extracción de materiales sin antes disponer de información sobre los posibles impactos dañinos