Montserrat López, dueña de la empresa de Castroverde para la que trabajaban las mujeres inmigrantes, declaró ante la jueza que la compañía se disolvió y que no puede pagar todas sus deudas
La operación se extiende a 74 sociedades ubicadas en 14 comunidades autónomas y a 25 personas, tras detectar signos externos de riqueza no justificados