Consideran que Aznar pudo cometer hasta tres delitos con esta impopular decisión: alta traición, destrucción de bienes y la consecuencia del conflicto iraquí en los atentados de Madrid.
La querella, que se extiende también a Federico Trillo y Ana Palacio, acusa al Gobierno de Aznar de haber declarado la guerra «al margen de lo que establece la Constitución».
El que era jefe del Estado Mayor de Defensa cuando ocurrió el accidente aéreo explica que «quien toma la decisión estaba convencido de que todos los cadáveres iban a estar identificados» cuando llegaran a España