Según la prensa chipriota, entre las medidas de ajuste que se discuten figura el recorte de los salarios del sector público en un 5 % y el despido de 2.000 empleados dependientes del Educación
La Cámara sostiene que los funcionarios no están habilitados para informar sobre esos datos y que, en consecuencia, es el propio diputado el que tiene que hacer una declaración