Fuentes populares explican que la denuncia contra los implicados en los audios contra UCO de la Guardia Civil se interpone por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y organización criminal
El Supremo sigue manteniendo que el borrado judicial no afecta al desvío de fondos públicos y que solo él es el intérprete de la aplicación de la ley. El propio abogado del expresidente se muestra pesimista sobre un regreso cercano