El ministerio público imputa a los controladores del Centro de Control Aéreo de Gavà, del que depende el tráfico del corredor mediterráneo, un delito contra la navegación aérea.
En 2010, el gobierno griego aplicó una tajante política de austeridad (recorte de salarios y pensiones y aumento de los impuestos, entre otras medidas) impuesta por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a cambio de un plan de rescate financiero.
Argumenta que la declaración del estado de alarma el pasado 4 de diciembre fue dictada por el Gobierno en ejercicio de las facultades que le atribuye la Constitución