El Ejecutivo asume que se verá arrastrado a una comisión de investigación por el PP y sus socios de Unidas Podemos, mientras que el ministro del Interior vuelve a incidir en su versión de los hechos
En un dictamen solicitado por el Congreso, el supervisor europeo carga contra el gravamen con el que el Ejecutivo quiere recaudar 3.000 millones en dos años