El sector afín al patrón mayor argumentó que la petición de cese no estaba motivada; los críticos anuncian que pedirán una certificación de la reunión y trasladarán lo ocurrido a Mar
Un juzgado obliga a la empresa a abonar 15.000 euros a los allegados de las víctimas en concepto de vacaciones y días de descanso que no habían disfrutado