El objetivo pasa por «evitar que se produzcan situaciones abusivas o de usura como consecuencia de la propia necesidad del prestatario en la solicitud de este tipo de servicios»
Más de 200 altos cargos de entidades financieras han sido procesados o tendrán que rendir cuentas en los próximos meses por los desmanes en la gestión que obligaron a salir al rescate de las cajas