El coordinador de Aralar ha reiterado su llamamiento a los gobiernos de España y Francia «para que se involucren en la solución de las consecuencias que aún quedan».
Los servicios jurídicos del Estado están a la espera de los informes que ha solicitado a las fuerzas de seguridad para «en su caso, y a la vista de esos informes, poder tomar las decisiones legales oportunas».