En el escrito, la familia explica que, en su opinión, «queda bastante claro» que en este «cierre» judicial «no hay nada jurídico y sí mucho de sumisión y crimen».
Consideran que Aznar pudo cometer hasta tres delitos con esta impopular decisión: alta traición, destrucción de bienes y la consecuencia del conflicto iraquí en los atentados de Madrid.
La querella, que se extiende también a Federico Trillo y Ana Palacio, acusa al Gobierno de Aznar de haber declarado la guerra «al margen de lo que establece la Constitución».
El testimonio de los dos ex ministros tiene como objetivo completar la «información transmitida» que las autoridades estadounidenses hicieron llegar a sus departamentos.