La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra nueve acusados de eludir el pago del IVA y defraudar así 385.281 euros a través de varias sociedades pantallas en la adquisición de automóviles realizadas desde otros países de la Unión Europea en los años 2005 y 2007.

Según el escrito de conclusiones de la Fiscalía, que les acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública y dos de falsedad documental, la trama se originó a través de la sociedad Importaciones Clemente, un concesionario creado en febrero de 2000 en Oviedo, y de la que era administrador el acusado para que se interesa la mayor condena, de 5 años de prisión.

De esta forma, el administrador y el apoderado de la ovetense Importaciones Clemente simularon en 2005 y 2007 que las operaciones de compra de vehículos en otros países de la UE eran realizadas por otras sociedades («missing trader» o «trucha»).

Éstas simulaban después transmitir los bienes a Hofcasmar Motor emitiendo una factura con los datos correspondientes de esta entrega simulada en la que se consignaba el IVA correspondiente a esta aparente entrega interior, según el Ministerio Público.

Las sociedades que fingían transmitir los bienes a Hofcasmar no presentaron las declaraciones correspondientes a la adquisición intracomunitaria ni declararon ni ingresaron el IVA formalmente cargado en la factura emitida a dicha empresa que, después, hacía una última entrega con factura a Importaciones Clemente.

Así, las dos empresas que encabezaban la trama, según la Fiscalía, atendían el pago de las cuotas de IVA que según el sistema que diseñaron les correspondía y que «aparentemente cumplían sus obligaciones fiscales» cuando, en realidad, se producía una pérdida para la Hacienda Pública igual a la cuota reflejada en la factura emitida por la sociedad «trucha».

Esa misma cantidad correspondía al beneficio obtenido por Importaciones Clemente, que lo trasladaba directamente a una reducción en los precios de venta de los vehículos.

Con la intención de no ser descubiertos se interpusieron varias sociedades hasta llegar a la sociedad pantalla de forma que algunas compañías cambiaron de propietario hasta en cuatro ocasiones en un periodo de tres días.

La Fiscalía pide además multas para los nueve acusados -uno como autor, tres como coautores, tres como cómplices y dos como cooperadores necesarios- que en seis casos corresponden a la cuota defraudada y en tres al 75 por ciento de su cuantía.

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