El conflicto de los estibadores en el puerto de Avilés no es una simple disputa laboral ni un problema puntual que pueda resolverse con acuerdos superficiales. Es la expresión directa de un modelo económico que, una vez más, pretende desmantelar lo público para ponerlo al servicio de intereses privados.
Durante décadas, los puertos de Gijón y Avilés han sido levantados con el esfuerzo colectivo. Han sido financiados con dinero público, con el trabajo y los impuestos de toda la sociedad. Sin embargo, hoy asistimos a un proceso en el que esa riqueza común es progresivamente apropiada por una minoría privilegiada que convierte lo que es de todos en fuente de beneficio particular.
En Asturias, este proceso tiene responsables con nombres y apellidos. Tal y como recogía La Voz de Asturias en noviembre de 2025, las grandes fortunas de la región siguen profundamente ligadas al negocio portuario. Ahí están los Alvargonzález, con un patrimonio de cientos de millones, o los Masaveu, representantes de una de las sagas empresariales más influyentes del Principado.
La familia Alvargonzález Figaredo, vinculada al Grupo Ership, es un ejemplo claro de cómo se articula este poder económico. Su actividad abarca el transporte marítimo, la gestión de buques y terminales, consolidando una posición dominante en el sector. Sus raíces históricas se remontan a la tradición naviera impulsada por Juan Alvargonzález González de la Buelga, símbolo de una continuidad empresarial que llega hasta nuestros días.
Pero este poder no es solo económico: también tiene conexiones políticas. En ese entorno aparecen figuras como Rodrigo Rato o José María Figaredo, reflejo de cómo las élites económicas y políticas se entrelazan, reforzando un modelo en el que las decisiones estratégicas rara vez responden al interés de la mayoría social.
Mientras tanto, los trabajadores pagan el precio. La modernización tecnológica, lejos de traducirse en mejores condiciones, se ha utilizado como herramienta para reducir plantillas, intensificar ritmos de trabajo y aumentar la precariedad. La estiba, un sector históricamente organizado y combativo, vuelve a estar en el punto de mira.
El ataque al Centro Portuario de Empleo de Avilés no es casual. Es un movimiento calculado para debilitar la organización colectiva de los trabajadores y abrir la puerta a una liberalización total del sector. En otras palabras, es el primer paso hacia la privatización completa de la estiba.
Todo ello se enmarca en una estrategia más amplia impulsada desde Puertos del Estado, bajo la dirección política del Gobierno de Pedro Sánchez. Se anuncian miles de millones en inversiones públicas, pero al mismo tiempo se promueve una gestión cada vez más orientada al beneficio privado. Se socializan los costes y se privatizan los beneficios.
Este es el núcleo del problema. No se trata de eficiencia ni de modernización, sino de poder y de control. De decidir quién manda en sectores estratégicos y a quién sirven esas infraestructuras: si a la mayoría social o a una minoría privilegiada.
Por eso, la lucha de los estibadores de Avilés no es solo suya. Es una lucha que interpela al conjunto de la clase trabajadora. Porque lo que está en juego es mucho más que un convenio o unos puestos de trabajo: es el modelo de sociedad que se está construyendo.
La historia demuestra que cada derecho conquistado ha sido fruto de la organización y la lucha colectiva. Y también demuestra que cada proceso de privatización viene acompañado de pérdida de derechos, precariedad y concentración de riqueza.
Avilés es hoy un frente más de esa batalla. Y lo que allí ocurra marcará el camino para otros puertos, para otros sectores y para el conjunto del país.
La pregunta es clara: ¿vamos a permitir que lo que es de todos siga pasando a manos de unos pocos, o vamos a defenderlo?