El año acaba con un escenario que habría sido impensable hasta hace bien poco. Este país, que hizo una transición que, con sus imperfecciones, sirvió de ejemplo y modelo para países de América Latina y Europa del Este que querían pasar de la dictadura a la democracia, necesita ahora el auxilio de verificadores o mediadores extranjeros para supervisar los acuerdos entre los propios partidos. Dicho de otro modo, nuestra democracia plena, según las evaluaciones de las principales entidades internacionales, es incapaz de resolver sus problemas sin ayuda exterior. Puigdemont impone a Sánchez la presencia de un verificador que certifique que lo que pacten PSOE y Junts se cumple. Para más escarnio, las reuniones tienen lugar en Suiza.
Por su parte, Feijoo impone al presidente del Gobierno un mediador de la Comisión Europea para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años con su mandato caducado por la negativa del PP a cumplir con su obligación constitucional, para lo que ha ido poniendo una excusa detrás de otra. Incluso cuando el pacto ya estaba hecho y Feijoo se echó atrás en el último momento. Eso sí, este mediador, verificador o como quiera que se le llame será europeo y no un «salvadoreño especializado en banda armada», como tildó al diplomático Fernando Galindo. Puigdemont no se fía de Sánchez, este no de fía del prófugo independentista, Feijoo tampoco se fía del presidente del Gobierno. Este acepta el mediador europeo, tomando como referencia lo que dijo el comisario Reynders, primero se renueva el CGPJ con las normas actuales y luego se negocia el método de elegirlo. ¿Lo aceptará el líder del PP? Feijoo pretende que ambas cosas sean simultáneas.
Pero lo cierto es que el futuro del Gobierno de España se negocia en Suiza con el marchamo de un verificador y el de la justicia, de una importancia capital en una democracia, se deberá gestar con el concurso de Bruselas, aunque las reuniones sean en suelo nacional.
Pero además de los mediadores/verificadores ahora también las disputas políticas entre los dos grandes partidos se dirimen en instancias europeos. Si los independentistas siempre han pretendido internacionalizar el «conflicto», ahora es el PP el que acude a Estrasburgo para que el Parlamento Europeo debata, y si fuera posible condene, una ley, la de la amnistía, que aún está en trámites en el Congreso. Manfred Weber, líder de los populares europeos, se convierte en un actor más de la política española, que abronca a Sánchez por cuestiones internas españolas.
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?