La entrevista que ayer celebraron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo tiene su mayor virtud en el hecho mismo de haberse producido. El líder del PP y el presidente del Gobierno en funciones no se veían cara a cara en solitario desde el mes de octubre del 2022. Algo que constituye una auténtica anomalía democrática. Que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición hablen es algo que no debería ser noticia de primera página. Pero el grado de crispación entre ambos dirigentes ha impedido que dialoguen, ni siquiera para tratar los asuntos de Estado. Poco cabía esperar de la reunión cuando 24 horas antes el Gobierno arremetía contra Feijoo desde la sala del Consejo de Ministros llamándole «mentiroso» y tachando de «paripé» la decisión de Feijoo de someterse a una sesión de investidura tras haber sido el partido más votado y de recibir el encargo del jefe del Estado.
Feijoo planteó a Sánchez una propuesta novedosa consistente en que se deje gobernar al PP con el compromiso de afrontar seis grandes pactos de Estado. La medida impediría que los partidos independentistas marquen la agenda del Gobierno de España. A cambio, el líder popular se compromete a convocar nuevas elecciones en un plazo de dos años.
Un planteamiento que estaba destinado al fracaso, porque Sánchez no contempla otra hipótesis que la de mantenerse en el poder a toda costa, cediendo cada día más a las exigencias de los secesionistas, sin descartar ya una amnistía para todos los implicados en el intento de golpe de Estado del 1 de octubre y una consulta en Cataluña.
La propuesta de Feijoo de mantenerse en el Gobierno durante solo dos años refleja no obstante una situación de debilidad parlamentaria del PP, que indicaría que el presidente popular no se ve capaz de alcanzar la mayoría de votos a favor necesarios para superar la sesión de investidura y dirigir una legislatura normal de cuatro años.
El choque entre Feijoo y Sánchez es total y muestra de ello es la respuesta de Sánchez de plantear en medio del proceso de investidura una negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes del 31 de diciembre, cuando Feijoo propone reformar el modelo para garantizar la independencia del CGPJ.
Para Feijoo, la rueda de prensa de ayer y la propia sesión de investidura tienen como objetivo demostrar que existe una posibilidad de gobernar España sin ceder ante las presiones de los independentistas, y que existe un programa de Gobierno alternativo al que han puesto en marcha durante la pasada legislatura el PSOE y sus socios de coalición de Unidas Podemos con el apoyo de todas las fuerzas que tienen como objetivo acabar con el modelo democrático surgido de la Transición. Tiene razón Feijoo cuando asegura que el 94 % de los españoles que han votado a las fuerzas constitucionalistas no pueden estar sometidos a los intereses de los partidos que han obtenido un 6 % de los votos a nivel nacional. Pero todo parece indicar que eso es lo que va a suceder.