Escribe mi compañero Alberto Mahía una historia que tiene una protagonista: Herminia, una mujer de 86 años que lleva tres años sin salir de casa porque se necesitan 70 centímetros para que el ascensor llegue a ras de calle. Esos 70 centímetros afectan a una carnicería, y hay que convencer al empresario para que los ceda, pero, al parecer, no todos los implicados en arreglar el asunto ponen el mismo interés.
Leída la historia tengo una pregunta: ¿recluir a una mujer durante tres años no va en contra de los derechos humanos? Si fuese así, ¿no tendría que tomar cartas en el asunto la Administración (local o autonómica)? ¿Cómo se podría solucionar el problema? La Administración sabrá, pero lo tendría que hacer rápido porque los años a Herminia le pasan volando, como a mí.
Le propongo —como fórmula rápida y mientras no arreglen el problema de manera definitiva— que contraten a personas en riesgo de exclusión para que suban y bajen esos escalones con la silla de ruedas de Herminia. Nosotros lo hicimos con mi madre. Funcionó.