Según el INE, en España se registran cada año medio centenar de homicidios o asesinatos cometidos por adolescentes con edades entre 14 y 18 años. Son cifras estables en la última década, a la espera de conocer los datos correspondientes al último ejercicio. Estos crímenes suelen tener repercusión mediática generando un impacto en todos nosotros, especialmente cuando existen aspectos particularmente cruentos y se cometen en contextos a los que suponemos protectores como la familia o la escuela.
La idea de que un adolescente puede matar remite habitualmente a un sentimiento de horror y vacío. Se abre un interrogante al que es necesario responder como forma de calmar la angustia que produce pensar lo siniestro en un ser humano joven. De ahí la tendencia a buscar respuestas apresuradas confundiendo correlaciones con causas, sacando conclusiones definitivas a partir de titulares o estableciendo generalizaciones desde algún elemento que llama nuestra atención. Pero la realidad que hay tras estos crímenes es muy diversa y compleja. Cada caso corresponde a la historia de vida de una persona, con sus características temperamentales, su entorno familiar y sus condicionantes sociales. Al trabajar con jóvenes que han cometido delitos terribles se comprende pronto que atribuir su conducta a un rasgo, factor sociofamiliar o problema de salud concreto es siempre una simplificación.
Sobre la violencia adolescente debemos hacer prevención y también intervención. Podemos prevenir favoreciendo el desarrollo psicosocial y moral en los diferentes entornos educativos, atendiendo a la maduración afectivo-emocional como un elemento imprescindible y central. En cuanto a la intervención en casos de grave violencia, esta quedará en manos de profesionales del sistema de justicia juvenil, que tienen tasas de éxito muy estimables en la reducción del riesgo de reincidencia.
Pero consideremos, además, que en estas situaciones es muy importante prestar atención a la detección temprana en el desarrollo de conductas, actitudes y rasgos de carácter que implican la posibilidad de que un adolescente pueda desarrollar comportamientos criminales de gravedad. Esta detección precisa de profesionales bien formados y mecanismos de coordinación entre dispositivos de salud, educación y servicios sociales. Es fundamental una buena orientación al entorno familiar, donde se deberá intervenir de forma consistente, trabajando en red desde la complejidad y teniendo en cuenta siempre una perspectiva clínico-forense. Cuando la detección e intervención temprana están bien orientadas pueden llegar a salvarse vidas, por lo que es un trabajo al que las instituciones públicas deben prestar una atención prioritaria.