Una vez que el Tribunal Supremo cerró el sumario por rebelión, malversación y desobediencia contra dieciocho líderes del motín de los señoritos de Cataluña, ya vivimos el último encontronazo a cuenta de decidir si lo que allí aconteció fue una rebelión o una sedición. Que en cuanto a condenas difieren notablemente. O, incluso, si se trató de un golpe de Estado con el respaldo del presidente Sánchez, como defiende el máster Casado. Y ahí tenemos a nuestra clase política y a tertulianos enzarzados en discusiones que están llegando hasta los propios tribunales. Una vez que sabemos que hubo, en aquellos lamentables días una actuación coordinada, desde el Govern hasta los mossos; que se produjeron infinidad de incidentes, que se retuvo; o mejor, se secuestró durante horas a una comisión judicial y que el fin último era crear el paraíso terrenal, una mayoría de españoles se inclinan por el delito de rebelión. Porque el diccionario de la Real Academia nos dice que rebelión es la «acción y efecto de rebelarse» y eso es lo que aconteció en Cataluña. Pero la calle no son los tribunales, ni la Academia son las leyes. Y penalistas importantes nos dicen que el Código Penal recoge que «son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para (…) declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Muy claro, ¿no? Pues no. Porque, según estos especialistas, todos los incidentes no se produjeron para declarar la independencia de Cataluña, sino para que se pudiera celebrar una parodia de referendo que en ningún caso supuso una declaración. Lo de la declaración interruptus vino más tarde. Quienes no distinguen una rebelión de una sedición o de un golpe de Estado deberían de abstenerse de evitarnos bochornos como el que vivimos. Las leyes, además de para respetarlas, están para interpretarlas. Y eso es misión de los tribunales. A los políticos no les pedimos que sepan de todo. Y menos a los nuestros, que por saber, no saben de casi nada.