Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se da el pistoletazo de salida a una campaña electoral que puede resultar interminable. El año que viene tenemos elecciones locales, las europeas y, en algunas regiones, autonómicas. Y, probablemente, elecciones generales. En este contexto, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2019 (y la elaboración de los del 2020) se está convirtiendo en una cruz para el Gobierno. Ganarse el apoyo de Pablo Iglesias pasa por incrementar el gasto público sobre unos 10.000 millones de euros, es decir, un 1 % del PIB. Bruselas permite ampliar el gasto únicamente en 6.000 millones, lo que significa que lo restante tiene que ser financiados con impuestos. Y aquí comienza la improvisación.
Tenemos propuestas de todo tipo. Entre las más peregrinas, la de incrementar el IRPF a aquellas rentas superiores a los 140.000 euros anuales, con un último tramo a partir de 300.000. En principio, es difícil no compartir la propuesta. Lamentablemente, el incremento de recaudación sería insignificante, ya que, también lamentablemente, son muy pocos los españoles que superan ese umbral. Y más de lo mismo con la eliminación de los topes máximos en las contribuciones a la Seguridad Social: la recaudación adicional no sería significativa. En la misma línea, la modificación del régimen fiscal de las sicav. Sobre estas últimas, un inciso: el pensamiento político de la izquierda tarda en hacerse a la idea de que la única economía realmente cerrada es la economía global.
La propuesta de un impuesto a la banca para recuperar las ayudas otorgadas por el Estado está fuera de lugar. No toda la banca las tuvo (solamente las antiguas cajas de ahorros), y el nuevo impuesto se trasladaría directamente a los clientes a través de unos servicios más caros. Otro ejemplo: eliminar las deducciones a las aportaciones en planes de pensiones privados. Los datos nos dicen que hay más de nueve millones de partícipes en estos productos, la inmensa mayoría pertenecientes a la clase media. Cambiar las reglas mediada la partida no significaría un incremento relevante en la recaudación. De todo este abanico de propuestas, lo único que se salvaría sería un impuesto específico para las empresas tecnológicas. La dificultad radica en que tiene que ser a nivel europeo para ser efectivo.
Barajar la idea de una subida de impuestos no procede en este contexto. El crecimiento económico ya no es tan vigoroso como en años anteriores, la inflación está dando síntomas de una nueva vitalidad y podemos estar a las puertas de una etapa de subida en los tipos. Creo que la ministra Calviño se equivoca. Me parece más adecuada la política de la ministra Elena Salgado cuando afirmaba que bajar impuestos es de izquierdas. Por cierto, las dos gallegas y las dos socialistas.