A pesar de los meritorios esfuerzos de la Audiencia Nacional, que hay que reconocer que se está empleando a fondo en las últimas semanas, no, el tabú español de comienzos del siglo XXI no es meterse con franquismo ni hacer chistes sobre la dictadura. Es un episodio glorioso de nuestros tribunales (y nuestros legisladores) que nos está permitiendo vivir un tiempo heroico en el que una broma sobre el fascismo te puede situar ante el peligro cierto de acabar en el banquillo y la cárcel. Parafraseando lo que Thomas Macaulay hacía decir a Horacio en sus «Cantos de la Antigua Roma» ¿qué puede haber mejor que enfrentarse a un terrible destino defendiendo las cenizas de nuestros antepasados, todavía hoy en fosas en las cunetas, y los templos de los dioses de la libertad de expresión?
Pero no, no es ese el tabú. La cuestión de la que no se habla, que no se toca, el asunto que siempre se desvía, el que es preciso eludir bajo cualquier circunstancia, lo prohibido en nuestros parlamentos, de lo que se escaquean por igual los viejos partidos y los nuevos, son los derechos laborales y la miseria salarial a la que están condenados los españoles. Están aquí los datos de empleo como cada mes con la misma retahila, una temporalidad que siempre supera el 90% de los contratos, eso cuando hay contrato porque el mercado negro y el fraude sigue siendo la norma y no la excepción. Y además se nos trata de hacer ver como lo normal, a lo que es preciso acostumbrarse, que ni siquiera tener un empleo sirva para tener garantizada la cobertura de las necesidades básicas. Está en nuestra Constitución, artículo 35, punto 1, el deber de trabajar y el derecho de hacerlo con «una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Madre mía, qué dispendio lo que dice la Carta Magna, que no sólo hay que ganar para mantenerse uno mismo sino también a la prole; ¿qué locura bolivariana es esta? El acabose.
Sin duda, nos dirán señores muy circunspectos, es que cobrar un salario digno, así de forma generalizada todo el mundo, como si fuéramos un país desarrollado o algo, es absolutamente insostenible. Pero, no, lo cierto es que es al revés, que lo que es insostenible y esto, y que la codicia desmedida de los negreros a los que llamamos emprendedores amenaza con convertirse en un gravísimo problema para el país. Tenemos aquí que el déficit de la Seguridad Social crece de forma constante desde hace años (un 3% en los dos últimos) y es así porque pese a la propaganda estadística de la creación de empleos (en la que sumamos trabajos basura de semanas o días) se cubren los gastos con la recaudación de las cotizaciones. La precariedad tiene un precio, y muy alto, no sólo para el trabajador individual que la padece sino para el conjunto de la sociedad, es una roña que mina día a día los pilares del Estado del Bienestar. Y lo está haciendo sin freno.
El recuento de horas extras no abonadas llega a cada año a cifras siderales, millones de euros que los trabajadores están regalando a las empresas. No hay tribunales ni legisladores que lo señalen, siquiera, con el dedo, no parece ser la prioridad de nadie. De hecho, el Tribunal Supremo acaba de desentenderse de que las empresas tengan la obligación de mantener un registro de las horas trabajadas desde casa (sí, el mismo Supremo al que le metió un correctivo la justicia Europea con las cláusulas suelo), sólo 5 de los 13 magistrados señalaron que este era un asunto de gravedad, que afectaba a gran parte de la sociedad, que estaban dejando a miles a los pies de los caballos de corporaciones para las que un céntimo vale más que una persona. Silencio de nuevo, no se toca, no se puede hablar. El trabajo y la desigualdad, la denuncia sobre sus faltas, son la herejía y el sacrilegio de este presente y para nuestra desolación no hay nadie ya (porque no lo hay) que quiera llevarlo a primera línea del debate político.