Tras el anuncio de la huelga de los estibadores de los puerto se ha desatado el debate habitual contra cualquier colectivo de trabajadores que no viva en la más absoluta miseria salarial y la intemperie común de los derechos laborales. Porque es signo de nuestro tiempo no luchar por tener mejores condiciones para mí sino intentar que los otros pierdan lo que tienen a ver si nos igualamos por abajo. Se ha dicho que cobran mucho, pero excesivo sería tener unos emolumentos que superaran los beneficios de la empresa, y dudo que suceda esto aquí. Sí pasa, por cierto, en numerosos consejos de administración que pueden llevar a la quiebra y la ruina a una compañía mientras sin rubor alguno mantienen o incrementan sus sueldos astronómicos, sus indemnizaciones y sus fondos de pensiones; habitualmente a cargo de un rescate con fondos públicos.
Se dice también que los estibadores heredan sus puestos de trabajo; tienen un sistema cerrado de contratación, para beneficio de los hijos y nietos de quienes ya han sido estibadores. Que ponen pegas a la entrada de mujeres en este empleo. Es algo que no tiene defensa posible. Desde luego no desde una ideología de izquierdas científica que cree en las clases sociales y no en los gremios medievales. Pero como se escribirán decenas de artículos sobre los fantasiosos privilegios de estibadores y mineros, aprovechando que se ha abierto esta ventana para discutir sobre lo injusto que es trasladar la fortuna de generación en generación sin tener en cuenta el mérito, hablemos del mejor método con que contamos para atenuar este cepo a la desigualdad y a la movilidad social: el impuesto de sucesiones, que está siendo además atacado con numerosos bulos.
El impuesto a las herencias en España depende de las comunidades autónomas así que el diferente tratamiento por parte de cada gobierno ha creado enormes diferencias territoriales. Es muy alto en Asturias y Andalucía y apenas se cobra en Madrid, que por su condición de capital del estado se basta y se sobra con el impuesto de sociedades y se comporta como un agujero negro en la fiscalidad del conjunto del país. Pese a todo, se trata de un impuesto que paga una minoría de la población, dado que están exentas las herencias menores y hay bonificaciones para la vivienda habitual o la empresa familiar. Los datos de Hacienda revelan que en Asturias, entre 2012 y 2015 pagaron el impuesto un total de 4.191 personas. Nada más y nada menos. Esas son las que son, no llega al 0,5% del total de la población asturiana que es un millón largo. En los presupuestos de 2017 se ha incrementado la exención a las herencias de 200.000 euros y luego, mediante un acuerdo con el PP, se aumentará para las de 300.000. Los conservadores aseguran que esta victoria (muy grande en mi opinión) en las negociaciones beneficiará enormemente a la clase media, pero tomando como referencia ese periodo de 2012 a 2015, sólo abonaron el impuesto tras haber recibido herencias superiores a 240.000 euros un total de 379 asturianos: ¿es esa la clase media, la clase media son tres centenares de personas?
Por supuesto, se paga el impuesto de plusvalías que es municipal y grava la compraventa de bienes inmuebles, el bien que suele constituir la mayoría de herencias en una país con una burbuja en la construcción. Es una confusión interesada que se propagaba intencionadamente para que los que asisten estupefactos a cómo el ayuntamiento les aplica un catastro desactualizado a un piso se sientan tan agraviados como los herederos de grandes fortunas. Cuando se quite sucesiones, esos millonarios recibirán por la cara cantidades asombrosas mientras que los que les ha hecho el trabajo sucio por un piso seguirán pagando plusvalías, que ese no se discute.
Es tan progresivo el impuesto de sucesiones que en Madrid, donde la bonificación es casi generalizada, la tasa de recaudación de este tributo el año pasado se incrementó un 40% sólo por la herencia de Isidoro Álvarez, el expresidente de El Corte Inglés, la clase media, como un piso o una parcela en el pueblo, claro que sí.
Se dice que sucesiones es una doble imposición, nada más falso. Abonó en vida un afortunado sus impuestos y tiene que pagar otro, otra persona distinta, un tributo por recibir unos bienes nuevos. Se dice que por ser tan alto en Asturias y en Andalucía, existe una deslocalización fiscal, de personas que huyen a Madrid para morirse allí y no tener que pagar tanto impuesto. No hay datos que corroboren esto, en Asturias sí hay una persona que fingió vivir en la capital para beneficiarse de sus rebajan tributarias pero tuvo el poco cuidado de sanarse sus convalecencias de la vejez en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde realmente residía. Hay que destacar que esta persona pretendía escaquearse de financiar un sistema sanitario del que se beneficiaba para pagar otro en Madrid que no usaba. Es un ejemplo de miseria moral digno de la picota.
Sobre Andalucía se asegura que nada menos que 40.000 personas han abandonado la comunidad para instalarse en Madrid huyendo del impuesto, son datos desmentidos rotundamente por el periodista de Cinco Días, Jaume Viñas. En el año 2015, se trasladaron de Andalucía a Madrid 6.436 personas. Ya está, ese es el censo.
Como todo esto son datos reales, números tangibles, cifras contables y sonantes; podremos iniciar ya una discusión en serio, sin leyendas, sin bulos, sobre lo mal que está eternizar la riqueza en unas solas manos, siempre las mismas, lo anticuado y obsoleto que es todo esto de que pase el privilegio de abuelos, a padres y a hijos. Empecemos.