Los mismos que en su día se mostraron convencidos -y se equivocaron por completo- de que la única manera de parar el desafío secesionista vasco consistía en negociar con Ibarretxe sobre el cumplimiento de la ley, sostienen hoy que la sublevación institucional del secesionismo catalán exige imperiosamente, y como única salida, negociar... sobre el cumplimiento de la ley.
No solo eso. Todos ellos se sitúan en una posición de superioridad moral respecto de quienes defendemos que el cumplimiento de la ley no es negociable con los políticos independentistas por la misma razón que no lo es con los estafadores, los incendiarios o los aluniceros: porque si el respeto a la ley debiera comerciarse con los que deben acatarla no habría sociedad libre que pudiera subsistir.
Ante tan obvia afirmación, los devotos de la componenda (llámese negociación, pacto o diálogo) se autoproclaman de inmediato los auténticos demócratas, los verdaderos adalides de la libertad de las personas y los pueblos. Los demás, los defensores de esa cosa tan prosaica que es la igualdad ante la ley, sobre la que se sostiene el Estado de derecho, seríamos, al decir de esos mirlos blancos, unos autoritarios de siete estallos, cuando no, directamente, unos fascistas. ¡Sí, sí: unos fascistas!
Pero que nadie se equivoque. El objetivo de esa estrategia de desautorización política y moral no es otro que acobardarnos para que nos pleguemos a un argumentario demencial según el cual los mismos que exigen en Cataluña ahora, y antes en el País Vasco, que se cumplan las leyes autonómicas no estarían obligados a cumplir la Constitución y las leyes que vinculan a todos los españoles.
Pues bien: con coraje democrático y sin complejo de inferioridad moral alguno hay que decir que no a tal bazofia argumental. ¡Que no! Que la señora Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, miente cuando dice que en él no puede discutirse sobre independencia, cuando afirma que España no es una verdadera democracia y cuando proclama que en nuestro país se persigue el debate de ideas por vía penal.
España en un Estado plenamente democrático donde puede discutirse sobre la independencia, fuera y dentro de cualquiera de sus 18 parlamentos (uno estatal y 17 autonómicos), pues la defensa de la independencia de sus territorios no está penalmente perseguida. ¡Hasta ahí podíamos llegar!
Lo que no puede hacerse en España es conspirar desde un parlamento para delinquir; manipular las instituciones y organizar desde ellas una sublevación contra el Estado, sus leyes y su Constitución; desobedecer a los tribunales; malversar fondos públicos y prevaricar abiertamente. Nada de eso cabe en España, lo mismo y por idéntico motivo que no sería posible en Estados Unidos, Francia, Alemania o Gran Bretaña: porque todos esos países son Estados democráticos, en los que las leyes deben respetarse, y no repúblicas bananeras donde la ley es una coña que solo obliga a los que no tienen bastante poder para violarla.