La impugnación, dentro y fuera de Estados Unidos, del triunfo electoral de Donald Trump suscita una grave cuestión de fondo que todos los demócratas sinceros estamos obligados a plantearnos con honestidad y valentía: la de si es legítimo, en términos democráticos, objetar la victoria de un candidato que se ha presentado legalmente a los comicios y los ha ganado sin posible discusión.
Tal cuestión admite solo dos respuestas: o no es legítimo objetar el resultado de las urnas, en cuyo caso la impugnación de la victoria de Trump estaría fuera de lugar; o es legítimo poner en duda ese resultado cuando el que gana resulta, como en este caso, un candidato política y personalmente aborrecible, lo que equivaldría a sostener que estamos dispuestos a aceptar que candidatos de tal naturaleza se presenten a elecciones a condición de que puedan competir pero no puedan ganar. O sea: si compiten y pierden, nada que decir; pero si ganan, rompemos la baraja.
Esta posición es, claro está, completamente descabellada en democracia, pues, si un candidato resulta tan deleznable como para que quepa legítimamente impugnar su victoria electoral, lo razonable sería impedirle por ley concurrir a los comicios. Esa solución afectaría directamente, sin embargo, al núcleo mismo de los sistemas democráticos: el de los límites que es posible fijar al pluralismo. ¿Cuáles son esos límites? ¿Pueden ser exclusivamente ideológicos? ¿O solo procede poner fuera de la ley, como se hizo en España con Batasuna y debería haberse hecho en Alemania en los años veinte con los nazis, tras su primera prohibición en 1923, a las opciones que quieren acabar, de forma violenta, con la propia democracia?
Salvo que se acepte el dislate de que en democracia cabe limitar legalmente el pluralismo por razones ideológicas, existe un único medio democrático para tratar de evitar que ganen opciones tan insultantes como la que encarna Donald Trump: combatirlas con los instrumentos de la propia democracia, es decir, con las libertades de prensa y expresión.
Así se hizo en Estados Unidos, donde se opusieron a Trump la mayoría de los medios de comunicación (incluidos muchos de tradición republicana), de los formadores de opinión, de los artistas influyentes y de los poderes económicos. Pese a ello, o quién sabe si quizá por ello, Trump se alzó con la victoria. Y, por eso, aunque aborrezcamos al ganador -y pueden estar seguros de que yo lo aborrezco como el que más-, impugnar ahora su triunfo supone destruir una de las reglas esenciales de la democracia: que debe aceptarse la victoria electoral de cualquiera de los que pueden concurrir legalmente a los comicios.
Una cosa es manifestarse del modo que sea -siempre que resulte pacífico- contra las demenciales políticas que Trump podría poner en marcha eventualmente y otra completamente diferente negar la legitimidad de su victoria. Lo primero es consustancial a cualquier sistema democrático. Lo segundo supone darle a este la puntilla.