Ante las dos resoluciones aprobadas este jueves por el Parlamento autonómico sobre la celebración el año próximo de un referendo para la secesión de Cataluña, caben dos actitudes diferentes: entender que estamos ante la enésima advertencia de que se acerca un lobo que finalmente no vendrá o, por el contrario, ante la palmaria constatación de que la impunidad con la que actúan desde hace años los independentistas es la savia que alimenta su convicción de que podrán conseguir lo que rechaza el sentido común más elemental: romper España sin que nadie se atreva a parar en seco su locura.
¿Alguien se imagina a cualquiera de las legislaturas estatales norteamericanas o de las asamblea de los Länder alemanes aprobando una resolución ni siquiera remotamente parecida a las que adoptó hace cuatro días el Parlamento catalán? No, tal posibilidad resulta inimaginable, porque tan grave desafío no solo a la Constitución, a las leyes y a las resoluciones de los tribunales sino también a la convivencia social, generaría tal escándalo político y tal reacción jurídica por parte del Estado que nadie en su sano juicio se atrevería a plantearle un reto de esa envergadura.
Animados, sin embargo, por la grotesca impunidad con la que actúan, la antigua Convergència, ERC, la CUP y los partidos, entre ellos Podemos, que conforman la candidatura izquierdista Catalunya Sí que es Pot, parecen persuadidos de que el Estado no se atreverá a parar su proyecto de celebrar un referendo ilegal, lo que les regala la oportunidad de avanzar más y más terreno con la esperanza de llegar a un punto en que la marcha atrás no sea ya posible. Y es precisamente esa esperanza la que hay que cortar de raíz desde ahora mismo, pues cada día que pasa aquella se hace más verosímil para los que han construido sobre la impunidad sus castillos en el aire.
Que nadie tenga al respecto duda alguna: si no se pone fin desde ya mismo a la impunidad de quienes vienen comportándose como si las leyes no existieran, las medidas que más tarde habrán de adoptarse para reponer la legalidad serán cada día más traumáticas y, por ello mismo, más difíciles de asumir por los que tienen que adoptarlas. La hipótesis -un espejismo, en realidad- de que los independentistas renunciaran antes o después a su provocación sin estímulo alguno para ello resulta sencillamente un suicidio nacional.
Se cita con frecuencia un pensamiento de Sófocles sobre la impunidad («Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo termina por hundirse en el abismo») que demuestra, por si hiciera alguna falta, que no hace, que ya desde la remota antigüedad resultaba una verdad universal que permitir la violación impune de las leyes es un camino seguro para el caos. Y ese es hoy nuestro dilema en Cataluña: o el imperio de la ley o la implantación del caos.