Rita Barberá otra vez. Su nombre provocó ayer todo el morbo político. El Tribunal Supremo anunció que la va a investigar. Terminó su aparente inmunidad para gozo de toda la izquierda, que tanto la repudia. Se anunció que el instructor será Cándido Conde-Pumpido, que tuvo el repudio del PP durante su etapa de fiscal general. Y sobre todo, el Tribunal Supremo le daba a la investigación de Barberá, debidamente aireada por algunos medios, un tono de solemnidad y casi de culpabilidad, como si anulase la presunción de inocencia a la que tiene tanto derecho como quienes la persiguen.
Ninguna sorpresa. El Supremo inició los trámites para investigar a Rita Barberá hace casi siete meses. Por aquellos días, la antigua alcaldesa de Valencia pregonaba su inocencia al grito de «yo soy una persona honrada». La creyó Mariano Rajoy. La sigue creyendo el ministro de Justicia, que piensa que no debe cesar como senadora, por si al final resulta inocente. La defiende una parte importante del PP, que considera a doña Rita como un símbolo cuya caída por corrupción sería admitir la corrupción de su propio partido por financiación ilegal. Y se alboroza toda la izquierda, que presentará su cabeza como un trofeo y como el nombre que situar en el pórtico de las próximas elecciones generales y quizá de las gallegas y las vascas.
Más allá de esas reacciones, defensas y prejuicios elementales, hay dos grandes cuestiones en juego: la justicia de que alguien pague los delitos cometidos en nombre de un partido y el mantenimiento del pacto con Ciudadanos. Si la señora Barberá ingenió, autorizó, promovió o toleró el blanqueo de mil euros por donante, no lo hizo para enriquecerse, ni siquiera para sacar un sobresueldo; lo hizo para que el PP dispusiese de fondos para una campaña electoral. Como ella dice, es honrada, porque no se quedó con un euro. Pero, ay, los partidos no delinquen. Delinquen las personas, por un bien que consideran superior. Algún día habrá que inventar un sistema por el cual las personas sean juzgadas y, si es el caso, condenadas, pero que los partidos tengan algún tipo de penalización. De lo contrario, nunca se terminará debidamente con la corrupción.
Respecto a Ciudadanos, firmó un acuerdo con el PP que obliga a la renuncia de cargos imputados, ahora investigados, en casos de corrupción. Rita Barberá es la prueba de la sinceridad del pacto. ¿Puede ponerse en peligro el único pacto que evitaría la repetición de elecciones y la formación de una mayoría por un caso investigado, pero no sentenciado? Sería, sin duda, una exageración. Sin embargo, es lo pactado y los pactos están para ser cumplidos. O Barberá o elecciones más inevitables que nunca. Qué enorme desproporción.