El ministro de Asuntos Exteriores dijo: «Seguir con un Gobierno central en funciones, con limitadas capacidades, es dar alas a los separatistas». Quizá sea verdad? o no. Quizá sea una frase más de la campaña emprendida por el Gabinete para convencernos a todos de las desgracias que vienen si Rajoy no es investido presidente. Quizá sea ya una parte de la campaña electoral de las terceras, que tendrá su eje principal en hacer responsable al PSOE de su repetición. O quizá estemos ante una aplicación preventiva de avisos varios para culpar a los demás del enfriamiento de la economía que vislumbra Guindos, de la ausencia de soluciones a problemas urgentes o del empeoramiento del problema catalán.
El caso es que estamos a 7 de septiembre, en vísperas de la Diada, hay en el ambiente catalán un debate sobre el referendo unilateral de independencia, Puigdemont asume el ideal independentista, los partidos catalanes solo respaldan en Madrid a quien prometa el referendo y Cataluña sigue dando pasos para la desconexión. Y temo, querido señor García Margallo, que la historia sería igual con un Gobierno en plenitud de funciones. Cuando el señor Rajoy gobernaba en cómoda mayoría absoluta, los separatistas aumentaron, Convergència se hizo independentista, se empezó a desobedecer al Tribunal Constitucional, se hicieron manifestaciones masivas y hasta se celebró un referendo ilegal, pero que sirvió para probar músculo soberanista.
¿Qué quiero decir con estos recuerdos? Que un Gobierno fuerte sirvió para avisar de la primacía de la ley, pero no consiguió que se cumpliera la ley. Logró que Cataluña siguiera formalmente en España, pero trabajando con denuedo para la desconexión. E incluso se logró que las advertencias legales, desprovistas de otra acción política, alentaran el naciente clima de desobediencia civil.
Ayer, la fiscal general del Estado lanzó otro aviso: perseguirá con mano dura a quienes no acaten las sentencias del Constitucional. No puede ser de otra forma, señora. Si una sentencia se incumple, se comete un delito y los delitos se persiguen. Y además, hace falta decirlo, no sea que parezca que en Cataluña rige la ley de la selva. Pero si todo el mensaje del Estado es ese; si la relación del Estado con una de sus comunidades es exclusivamente policial, judicial o de un Gobierno de autoridad, ¿se diluye el independentismo rampante? Estoy seguro de lo contrario, pero lo dejo en un modesto «tengo mis dudas». Ley, sí; Gobierno fuerte, también; tribunales, por supuesto; pero también acción política. Y el Gobierno ha encontrado en su limitación de funciones una magnífica disculpa para su ausencia de ideas. No está en funciones. Está en una larga vacación.