Con la constitución, ayer, de las Cortes Generales y la elección de sus respectivos órganos rectores, arranca formalmente el proceso que debería conducir en breve a la elección del presidente del Gobierno y, tras ella, a la formación de un Ejecutivo que ponga fin de una vez a una situación de interinidad política tan disparatadamente prolongada como nociva sin posible discusión para los intereses generales del país.
En una situación de normalidad, que no estuviera trufada de los odios numantinos nacidos de la investidura fallida del líder del PSOE, la cosa no ofrecería duda alguna: el candidato del partido ganador sería elegido presidente del Gobierno por la razón elemental de que la única alternativa a esa elección resulta sencillamente inaceptable: la disolución de las Cortes y la celebración de unas terceras elecciones casi un año después de las primeras. El propio Sánchez ha reconocido una y otra vez que con 85 diputados -o, dicho de otro modo, con 52 menos que el PP- no puede aspirar a formar una mayoría que lo lleve a la Moncloa, por lo cual el PSOE estará en la oposición.
Ocurre, claro, que la lógica no admite triquiñuelas: para estar en la oposición ¡es necesario que previamente haya Gobierno!, posibilidad que, dado el reparto de escaños del Congreso, exige necesariamente la abstención de todos o de una parte de los diputados socialistas. Por tanto, la situación es tan clara que incluso César Luena puede entenderla a la primera: si Sánchez, como ha manifestado por activa y por pasiva, no va a intentar ser presidente (decisión que se habrá visto reforzada por el resultado de la votaciones de ayer en el Congreso), el PSOE tiene que elegir entre permitir con su abstención que lo sea el candidato del partido que ganó el pasado mes de junio o forzar la convocatoria de unas terceras elecciones.
La proposición es, en consecuencia, de una lógica impepinable: si el PSOE no permite la investidura de Rajoy estará obligando a los españoles a acudir a las urnas en noviembre. Y ello por más vueltas que le den a la noria Sánchez y su equipo: todo el mundo entiende que Podemos vote en contra de Rajoy, como todo el mundo entiende que Rajoy no negocie con los independentistas un apoyo cuyo precio sería un referendo de autodeterminación. Es esa combinación de factores la que coloca toda la responsabilidad en el PSOE, justamente porque el PSOE es un partido de gobierno, institucional, que no puede comportarse como fuerzas que son hoy claramente antisistema: Podemos y los secesionistas catalanes.
Al PSOE se le acabó ayer el tiempo de jugar con las palabras. Ya no valen más subterfugios, aplazamientos y sofismas. O permite que gobierne quien recibió ese encargo del cuerpo electoral o nos obliga a volver a las urnas en noviembre. Tocaría entonces al pueblo español tomar una decisión fundamental: si quiere formar una mayoría de Gobierno que no pueda ser vetada por los que pierdan los comicios o prefiere volver a elegir un Congreso que nos lleve directamente a las cuartas (o las quintas, o las sextas) elecciones generales.