Visto en perspectiva, lo mejor que cabría decir del conocido popularmente como examen de selectividad (prueba de acceso a la universidad, o PAU, según su denominación oficial) es que existe la posibilidad -yo me atrevería incluso a decir, visto como andan las cosas en la esfera educativa, la alta probabilidad- de que el sistema que venga a sustituirlo sea todavía peor que el que ahora va a extinguirse. De hecho, lo que ya sabemos al respecto permite aplicar el refrán de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Malo conocido? Sí, malo de solemnidad por falta de equidad.
La selectividad vigente hasta este año había tenido en realidad dos funciones diferentes, que daban lugar, de hecho, a dos sistemas muy distintos dependiendo del objetivo que los examinados persiguiesen: para los que solo trataban de superarla, la cosa no solía ofrecer mayor problema, pues el altísimo nivel de aprobados convertía a la selectividad en poco más que un mero trámite.
La situación resultaba muy distinta, sin embargo, si los alumnos no solo debían aprobar, sino obtener una nota lo suficientemente alta como para entrar en la titulación que deseaban, alumnos estos últimos que se enfrentaban a un tipo de examen realmente irracional teniendo el cuenta su objetivo, que no consistía en medir lo que sabían los alumnos, sino en clasificarlos para acceder a una u otra facultad. Aunque ambas cosas pueden parecer igual, no lo son en absoluto.
Y es que si de lo que se trata es de clasificar por calificaciones, la condición sine qua non ha de ser siempre la igualdad de trato a todos los alumnos. En contra de esa obvia exigencia, la prueba era completamente desigual, más allá de la indiscutible buena voluntad de quienes en cada universidad la gestionaban. Era desigual, en primer lugar, por ser el contenido de los exámenes distinto en cada comunidad, pese a que por virtud del distrito único nacional los alumnos españoles pueden acceder con su nota a cualquier centro universitario del país. Pero era desigual, además, a consecuencia de un sistema de corrección inevitablemente sesgado por el criterio de la subjetividad de los diferentes correctores, varios cientos en el conjunto del país. Es muy dudoso que un mismo profesor pueda evaluar cincuenta comentarios de texto u otros tantos exámenes de historia o de literatura -y son solo tres ejemplos- con una igualdad absoluta de valoración. Que puedan hacerlo cientos de profesores diferentes constituye sencillamente una quimera. Lo cual es muy grave si la posibilidad de que un alumno acceda a la titulación deseada depende de una nota en la que entran en juego las centésimas.
Así las cosas, lo único justo -por equitativo- de verdad sería un examen test igual en toda España y celebrado el mismo día: es decir, un examen como el MIR. Sin embargo, no hace mucho he leído en un diario de Madrid que el Gobierno ha descartado la idea inicial que tenía de que hubiera preguntas tipo test por ser ese un planteamiento muy criticado por la comunidad educativa. Lo que da una idea, me temo, de cómo está la comunidad educativa: como para salir huyendo.