Si en cualquier Estado democrático del mundo los ciudadanos pudiesen manifestar su desacuerdo con las normas aprobadas legítimamente por los poderes públicos a través del extravagante procedimiento de saltárselas directamente a la torera, o de incitar a otros a que lo hagan, el caos más absoluto no tardaría en instalarse en la vida política, económica y social.
En realidad, en las naciones libres podemos vivir pacífica y ordenadamente en sociedad porque todos estamos obligados a cumplir, y lo hacemos de hecho en altísimos porcentajes, las normas que nos parecen bien, pero también las que nos disgustan. ¡Estaríamos aviados si fuese de otro modo!
Ese principio -el del imperio de la ley-, que es la base de cualquier Estado de derecho digno de tal nombre, se ha convertido últimamente en España, sin embargo, en el gran campo de batalla entre el Estado y las comunidades autónomas administradas por partidos distintos del que gobierna en el conjunto del país. Aunque el caso más escandaloso es, claro está, el de la Generalitat separatista catalana, que hace mangas y capirotes con leyes y sentencias, hay otros que son también muy preocupantes, pese a su menor gravedad política, por la pasmosa tranquilidad con que se ha asentado el disparatado criterio de que violar la ley es algo perfectamente normal cuando quienes deben cumplirla no están de acuerdo con lo que en ella se dispone.
El caso de las mal llamadas reválidas constituye un ejemplo de esa locura que, de no corregirse, acabará por convertirnos en una monarquía bananera. Se puede estar o no de acuerdo con las pruebas que, bien con carácter de diagnóstico, bien con naturaleza selectiva, ha creado la última normativa educativa aprobada por las Cortes Generales. Mi opinión al respecto es que las pruebas con finalidad de control son muy positivas, como lo demuestra su generalización en la inmensa mayoría de los países de la UE -véase el excelente reportaje que publicó ayer en La Voz Sara Carreira-, pero no así las que tienen una naturaleza selectiva, que abundan en la obsesiva examinitis que domina todo nuestro sistema educativo, de la enseñanza primaria a la universitaria.
Cada español tendrá, claro, su propia opinión a ese respecto, pero del mismo modo que acatamos las normas del Código de la Circulación o la Ley de Arrendamientos Urbanos, nos parezcan bien o mal, parece razonable cumplir las de la legislación educativa, mientras aquella esté vigente.
Contra esa legislación se puede en las sociedades libres luchar de muchas formas, pero la consistente en pasar de ella es la que menos contribuye a que nuestro sistema político y social funcione como lo hacen los de los países a los que nos gustaría parecernos. Que el desprecio a las normas lo decida cada particular, por su cuenta y riesgo, supone sin duda un grave error. Que lo promocionen los partidos, los sindicatos o, no digamos, las autoridades escolares de los centros educativos, constituye algo sencillamente demencial, que pone de relieve hasta qué punto la mala política (la partidista, sectaria e intransigente) ha envenenado a este país.