El Ayuntamiento de Ponga ha puesto en conocimiento de Fiscalía, a través de tres denuncias, irregularidades en procesos de contrataciones, ya sea en materia de personal o en obras y servicios. Se trata de actuaciones llevadas a cabo por los anteriores alcaldes del concejo, Cándido Vega y Mercedes Traviesa, los dos de Foro, y entre las acusaciones figuran la existencia de facturas irregulares por valor de 300.000 euros por obras contratadas con la misma empresa.

Según la denuncia del ayuntamiento. durante los gobiernos de los dos exalcaldes se llevaron a cabo «contrataciones omitiendo todo procedimiento legal, llegando a contratar personal sin proceso selectivo alguno». Además, desde el consistorio señalan que «se mantuvo en puestos de trabajo a personal de manera no correcta», y todo ello a pesar de que sabían que «se habían acabado los contratos». 

Uno de los aspectos más llamativos que denuncian desde el ayuntamiento, y que han puesto en manos de la Fiscalía, es el «gran número de facturas y otra documentación» que, según sostienen, «dan fe de obras que no cuentan con expediente ni procedimiento municipal alguno». Además, aseguran que esos trabajos tampoco cuentan «con proyecto técnico ni con los permisos pertinentes, dándose la circunstancia de que una misma obra ha sido fragmentada en varias facturas». «Todas estas facturas suman un valor superior a 300.000 euros y están llevadas a cabo por la misma empresa en un período de tres años», aseveran. 

Desde el consistorio también afirman que la denuncia presentada por parte del ayuntamiento contra el exalcalde Cándido Vega Díaz por delito de malversación de caudales públicos ha sido «admitida y se han abierto diligencias previas de investigación». En este caso, se trata de la sufragación que el Ayuntamiento de Ponga hizo de «los costes del juicio del exalcalde y por el que fue condenado e inhabilitado para cargo público». Todas estas causas se suman a las del cobro de dietas y kilometrajes y por el que tanto los dos exalcaldes como el tesorero de aquel momento, «han recibido ya diligencia de notificación de embargo de forma efectiva e inminente». 

Por otro lado, recuerdan que la Sindicatura de Cuentas, que fue la que llevó a cabo la auditoría en el Ayuntamiento de Ponga, ha dado traslado al Ministerio Fiscal por «presuntas irregularidades en materia de retribuciones, contratación administrativa, reconocimiento de obligaciones por dietas y locomoción y transferencias injustificadas a otros entes, en este caso la Parroquia Rural de Sobrefoz».

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