La Unión de Consumidores de Asturias denuncia lo que denomina un «recargo antiapagón» incluido en la factura eléctrica y que, según la organización, supone un coste medio de 54 euros anuales por hogar asturiano para financiar el mantenimiento de centrales de ciclo combinado de gas que permanecen inactivas como respaldo del sistema eléctrico. «El apagón no lo causaron las familias asturianas. Que sean ellas quienes lo paguen, con 54 euros al año por hogar, mientras el oligopolio energético gana 2,6 millones de euros cada hora, es un escándalo moral y económico inaceptable», denuncia el presidente de la organización, Dacio Alonso.

La asociación de consumidores vincula este sobrecoste a las medidas adoptadas tras el gran apagón registrado el pasado año y asegura que el cargo aparece camuflado dentro del apartado de «ajustes del sistema» de la factura de la luz. Según sus cálculos, el importe ronda los cinco euros mensuales por familia y supondría una transferencia de más de 55 millones de euros al año desde los hogares asturianos hacia las grandes compañías eléctricas. «Para que no haya una caída del sistema, están todos los ciclos combinados de gas encendidos aunque no generen energía. Los consumidores somos los que estamos pagando eso y la gente no lo sabe», afirma Alonso.

La entidad sostiene que este mecanismo implica que los consumidores asuman el coste de mantener disponibles infraestructuras privadas propiedad de grandes energéticas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o TotalEnergies, incluso cuando esas plantas no están produciendo electricidad. La organización asegura además que el nuevo Real Decreto 88/2026, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, introduce mejoras en materia de protección al consumidor, pero mantiene ese cargo sin obligar a desglosarlo de forma clara en la factura. Entre las novedades que destaca la asociación figura la prohibición de las llamadas comerciales no consentidas para vender contratos de luz o gas y el fin de los contratos verbales por teléfono. A partir de ahora, las compañías deberán remitir las condiciones por escrito y el cliente tendrá que confirmar el acuerdo mediante un sistema verificable.

«Las grandes eléctricas nos están engañando de forma deliberada. Las cinco grandes han obtenido beneficios millonarios mientras trasladan a los consumidores costes que deberían asumir ellas mismas», señala Dacio Alonso. La Unión de Consumidores también recuerda que las empresas energéticas que operan en Asturias obtuvieron beneficios conjuntos superiores a los 23.500 millones de euros en 2025. A juicio de la organización, ese contexto hace injustificable que el coste de garantizar la estabilidad del sistema recaiga sobre los hogares.

Además de la prohibición del acoso telefónico, el nuevo decreto contempla otras medidas como la posibilidad de contratar distintas tarifas eléctricas en un mismo contador, la obligación de ofrecer precios vinculados al mercado mayorista, el cambio de comercializadora en un máximo de diez días y un refuerzo de la protección a consumidores vulnerables frente a cortes de suministro. La entidad anunció que vigilará el cumplimiento efectivo de la nueva normativa y avanzó futuras campañas informativas en Asturias para explicar a los consumidores los nuevos derechos reconocidos por el decreto y los mecanismos de reclamación ante posibles abusos.

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